más sobre prostitución (y II)
EL PAÍS - Opinión - 13-11-2005
Llegó desde Rusia con una promesa de trabajo bajo el brazo. El contrato lo firmó, bajo amenazas, con un proxeneta que la secuestró y obligó a prostituirse durante meses en una angosta carretera. Internet le permitió conocer parajes que nada tenían que ver con su Polonia natal y decidió pasar sus vacaciones en la Costa Brava. La red, implacable, la maltrató, esclavizó y obligó a prostituirse. Quiso mejorar su calidad de vida y se marchó de Rumania para trabajar en un hotel costero: acabó hospitalizada tras tirarse por la ventana de un piso del que huía de compatriotas que la retenían contra su voluntad y obligaban a prostituirse tras sufrir vejaciones indescriptibles. En Bulgaria su futuro no era prometedor, algo que, pensó, sí lo sería en España: resistió más de 100 metros arrastrada por un coche, arañando con su piel el arcén de la N-2, antes de dejar ir el bolso con el jornal de toda una noche de sexo de pago y cobrarse cientos de heridas de las que no cicatrizan nunca.
La realidad, algunas veces, supera la ficción. Son cuatro historias reales, cuatro dramas personales que golpean la conciencia de quien las conoce: cuatro titulares que ennegrecen con su tinta la vida de seres humanos, como nosotros, y que conocemos gracias a operaciones policiales de desmantelación de redes de proxenetismo y a la desesperación de sus propias protagonistas. Desgraciadamente, ellas no son las únicas.
Prevenir y promover la persecución de todas las formas de tráfico y trata de personas, la explotación sexual y la prostitución forzosa es uno de los propósitos de la actuación diaria de la policía de la Generalitat, que preparará una ley pionera en España que ha de poder regular, en territorio catalán, los servicios sexuales remunerados. La aplicación del Derecho Civil catalán nos permite garantizar la libre decisión de quien presta el servicio, reconocerle sus derechos y hacerle única titular de los acuerdos con otros. Se trata de que las prostitutas ejerzan su profesión con libertad y garantías.
Conscientes de la controversia que suscita cualquier intento de regulación y de que ésta debe ceñirse a las competencias de la Generalitat, la ley quiere acabar con la actual hipocresía de que al no figurar en ningún texto legal la prostitución, sencillamente, no existe. Regular, importante es aclararlo, implica limitar; no hacerlo significa permitir que el fenómeno siga yendo al alza, creciendo mientras cerramos los ojos. Se trata de poder acabar con situaciones como las que ya se registran en algunas carreteras catalanas, donde en menos de dos kilómetros los Mossos han llegado a contabilizar 10 prostitutas.
Entre las finalidades de esta ley destaca el proteger la salud y la seguridad de las profesionales del sexo. Es, de hecho, una prioridad irrenunciable. Adentrarse en un bosque espeso, en plena noche, en el vehículo de una persona de la que nadie te podrá proteger; subirse a la cabina de un camionero del que nada sabes son situaciones que conforman una cotidianidad que debe erradicarse. Acabar con la prostitución de carretera es una obligación que los poderes públicos no podemos aplazar.
Las vemos cuando circulamos por carretera. Les prestamos una atención relativa y al cruzar las miradas algunos pensamos en lo duro que ha de ser aguantar el tipo en medio de la nada. Nos alejamos pero ellas permanecen allí, punteando con el seco rímel de su muda presencia nuestras carreteras. Nos alejamos y las dejamos en compañía de peligros. Los relacionados con el tránsito son sólo algunos. En muchas ocasiones, las prostitutas se encuentran en caminos cuyos accesos no tienen buena visibilidad: acceder y volver a incorporarse a la vía entraña un riesgo evidente. Evidente y objetivo es, también, el peligro que existe cuando posibles clientes realizan maniobras bruscas para detener el vehículo y poder contactar con ellas.
Asimismo, los informes de los Mossos d’Esquadra nos advierten de que la integridad de estas mujeres se ve continuamente en peligro por las coacciones y amenazas de sus proxenetas. Las agresiones físicas y sexuales consumadas tanto de proxenetas como de clientes forman parte, desgraciadamente, de su cotidianidad laboral. Cotidianidad en la que también se registran robos con intimidación y violencia, dada la vulnerabilidad que supone su presencia en lugares solitarios, así como detenciones ilegales y agresiones de clientes y proxenetas de otras prostitutas.
Éste es el escenario real en el que trabajan, hoy, algunas de las prostitutas en nuestro país. Acabar con él es uno de los objetivos, no el único, de la ley que prepara la Generalitat. Existen otras prioridades; entre ellas, garantizar su dignidad y derechos, así como su autonomía, capacidad de decisión y libertad ambulatoria; evitar su estigmatización, desarraigo y exclusión social; establecer controles sanitarios adecuados, y evitar perturbaciones y molestias en el entorno social de las comunidades cercanas a los establecimientos donde se prestan estos servicios.
El de los establecimientos es uno de los aspectos en los que la ley hace mayor hincapié. Prohibir y sancionar la presencia de la prostitución en la vía pública implica regular el funcionamiento de las distintas modalidades de locales y establecer un régimen sancionador. El texto prevé que los establecimientos, que nunca podrán estar en comunidades de vecinos, estén expresamente autorizados y dispongan de una licencia específica y no transmisible que tendrá una validez muy limitada. Las prostitutas, por su parte, podrán beneficiarse de derechos laborales, salariales y tendrán obligaciones tributarias como cualquier trabajador. Tendrán derecho, también, a ser atendidas de sus patologías específicas por el sistema de salud pública.
Según la Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales, uno de cada cuatro hombres de entre 18 y 49 años residente en España ha sido cliente de la prostitución alguna vez. Hagamos, vista la demanda, que la oferta tenga las condiciones necesarias y evitemos que siga proliferando la demanda cruel. No dejemos más tiempo que la alegalidad en la que se encuentra la prostitución beneficie a unos y condene a otros. Seamos valientes, como lo son algunas de ellas cuando denuncian con riesgo de sus vidas a sus esclavizadores sabiendo que ningún derecho las asiste o se adentran en territorios desconocidos de la mano de quien puede llegar a ser su verdugo.
Montserrat Tura es consejera de Interior de la Generalitat de Catalunya.
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